Hace más de seis meses que entró en vigor la Ley de Financiamiento, la cual hizo cambios en los porcentajes de tributación para personas morales y físicas, por lo que aún existen algunas dudas y comentarios sobre esta y sobresal nueva reforma tributaria del 2020.

A partir del primero de enero de 2019 comenzó a estar vigente la Ley 1943, con la cual se espera recaudar más de 7.5 billones de pesos del déficit fiscal, siendo que solo se esperaban 14 billones. 

Sus principios no solo se centran en aumentar el recaudo, sino que también tiene como objetivo poder mejorar la creación de nuevas empresas y por lo tanto de empleo, todo con el fin de incrementar el PIB del país de manera que llega a superar el 4%.

Actualmente la economía de Colombia se encuentra en una etapa de rebote que se espera que a la larga con las decisiones del gobierno se materializará.

En los próximos años tiene un potencial de crecer en un 4% anual si siguen las cosas como están actualmente desarrollándose, por lo que en unos 3 o 4 años se podría llegar a esta cifra.

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En cuanto a la reestructuración que hizo la Dian, esta se tomó en cuenta dentro de la Ley de Financiamiento, así como también los beneficios tributarios para morosos con el fin de tener una mejor aplicación de la facturación electrónica.

Esto es un factor clave que se debe tomar en cuenta a la hora de determinar la necesidad de una nueva reforma debido a su impacto en el PIB.

Otro elemento a considerar es el régimen simple de tributación, el cual entró a funcionar desde el primero de agosto y reemplaza al mono tributo, por lo que es una herramienta para aumentar el recaudo ya que une seis impuestos en uno solo ahorrando costos y reduciendo la evasión fiscal impactando a más de 500 mil empresas.

Incentivar las inversiones en el campo colombiano, con la construcción de distritos de riego, reservorios y limpieza de terrenos, entre otros, para darles 0% de impuesto de renta por 10 años, es una medida aprobada y que desde el Gobierno se ha dicho que funcionará.

Todo el contenido de la Ley de Financiamiento, que también ha sido llamada una ley de reactivación económica, lo que busca es bajar la carga tributaria en el sector empresarial de Colombia. Hay muchas empresas agroindustriales que hoy en dia van a estar pagando menos impuestos y van a empezar a reactivar el campo colombiano, sin duda.

Sin embargo, gremios agropecuarios aseguran que el país aún no es atractivo para los inversionistas, pues hay activos que no se están aprovechando, como la frontera agropecuaria y esto hace que los inversionistas no tomen una decisión.

Al panorama se suma el impuesto de renta a las empresas, que tendrá un efecto de menor recaudo a partir del 2020 cuando comienza a reducir, para llegar al 30% en el 2022. El bajo recaudo y la no compensación de estos beneficios hará que probablemente en ocho meses haya una nueva reforma tributaria.

Teniendo en cuenta que los impuestos de modificación y la extensión del IVA, manteniéndolo en el 19% pero extendiéndolo a otros productos como pretendía hacerlo la 1943, tal vez en marzo del 2020, el Gobierno tenga la necesidad de incurrir en incrementar el recaudo.

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Este escenario no está contemplado en los próximos cuatro años, no va a haber absolutamente ninguna afectación de las tasas de tributación, no va a haber una reforma que cambie las reglas del juego tributarias asegura el gobierno.

Por otro lado, los beneficios de las mega inversiones están pensados para quien genere 250 nuevos empleos directos y realice nuevas inversiones dentro del territorio nacional, por un valor igual o superior a 1 billón de pesos durante 5 años. Este actor, tendrá un impuesto de renta del 27%, comparado al 33% actual de otras empresas. Este escenario es posible, pues los objetivos del Gobierno de financiar al Estado se han cumplido y aunque en el sector de la infraestructura posiblemente no, en el sector industrial sí es probable que haya sucedido.

Desde el punto de vista técnico, los resultados positivos de esta Ley de Financiamiento sí son posibles y están en marcha, pero será en el año 2020, momento en el que la mayoría de medidas aprobadas se ponen en vigencia, entonces se conocerá el impacto en las políticas fiscales del país.

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